El exdirector de Inteligencia del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Giancarlo Auque De Silvestri, decidió romper su silencio para revelarle al país lo que considera “la verdad sobre las chuzadas”.

Al precisar los orígenes y objetivos del denominado Grupo de Inteligencia 3, conocido como G3, creado por el entonces Director del DAS, Jorge Noguera Cotes, Auque De Silvestri reconoce que lo legal se convirtió en ilegal y advirtió que no se presentará ante la justicia “por falta de garantías”.

El exfuncionario, quien fue condenado y luego recobró su libertad el 27 de febrero de 2015, sostiene que la razón de hablar “es para que Colombia sepa porqué, después de once años de sufrimientos míos y de mi familia, (mi esposa y mis hijas, todos hemos estado en tratamiento psiquiátrico complicados) y de 18 investigaciones formales de la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, de las cuales he sido declarado sin responsabilidad en dieciséis, aparte de las informales que se han hecho que no han encontrado fundamento para iniciar investigaciones, ya es tiempo que me pronuncie sobre como son las cosas realmente, para solicitar que se me juzgue con las garantías judiciales de cualquier ciudadano, sobre todo en estos dos últimos procesos que son los que más impacto político tienen: el primero denominado de las ‘chuzadas’ ya fui juzgado en primera instancia y está apelado y da pie al segundo de Tortura Sicológica en contra de Claudia Julieta Duque”.

Giancarlo Auque De Silvestri, quien se desempeñaba como Secretario General, fue encargado de la Dirección de Inteligencia en el período comprendido entre el 7 de noviembre de 2003 y el 1º de septiembre de 2004, época en la que el G3 estuvo en plena actividad.

Asegura que en estas operaciones de inteligencia que se juzgaron, se trató de investigar si algunas personas, ONGs y otras instituciones, tenían relación con las FARC y si a través de sus publicaciones hacían acusaciones infundadas en contra del Estado colombiano que atentaran contra los intereses del país.

“Consta en la AZ 63, que contiene todas las presentaciones de Power Point que hizo el grupo de inteligencia G3, que mientras yo estuve en el encargo de inteligencia, solo se adelantó una operación de inteligencia que tuviera relación con alguno de estos dos casos. Se llamó la operación Transmilenio, fue la primera y consta que sus fines fueron los comentados”, resaltó tras precisar que las presentaciones de las actividades que corresponden a su época son las del 12 de marzo de 2004 (folios 310 a 320 de la AZ 63); abril 2004 (folios 288 a 309 de la AZ 63); agosto 4 de 2004 (folios 136 a 158 de la AZ 63) y la del 6 de septiembre de 2004 (folios 322 a 373 de la AZ 63).

“Para la fecha de la última presentación ya había cesado mi encargo en inteligencia para asuntos administrativos. Salí el primero de septiembre de 2004. Repito, mientras mi estancia en Inteligencia, solo se adelantó esta operación legitima en sus fines. Su ilegalidad se presentó cuando funcionarios actuando por su propia iniciativa interceptaron correos electrónicos y teléfonos, al parecer, fijos. En los meses siguientes se dieron otras presentaciones de operaciones de inteligencia que iniciaron después del mes de octubre de 2004, fecha en la que ya no estaba en el encargo de la Dirección General de Inteligencia”, afirma Auque De Silvestri.

Según el exdirector de Inteligencia, la operación Transmilenio inició por orden legítima que recibió del Director del DAS. En su concepto, “no había nada ilegal en lo que debía hacerse. Existía infinidad de informaciones, entre ellas noticias periodísticas, en el sentido que algunas ONGs y personas tenían vínculos con las FARC. Además la Junta de Inteligencia Conjunta de Colombia (JIC), en la que tenían asiento todos los organismos de inteligencia de las distintas fuerzas, se menciona en algún documento, que algunas ONGs tenían relación con los grupos alzados en armas, especialmente el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, del que hace parte Claudia Julieta Duque Orrego. Se encuentra en la AZ 36 Original, folio 191”.

A su juicio, “la investigación en sí no era ilegal ni innecesaria, el problema fue que algunos funcionarios con iniciativa “propia”, decidieron conseguir interceptaciones de comunicaciones sin orden judicial (todos los peritajes demostraron que las salas de interceptación de teléfonos del DAS no se usaron para estos delitos). Posterior al primero de septiembre, fecha hasta la que estuve en el encargo de la Dirección General de Inteligencia, se plantearon otras operaciones de inteligencia como lo dije antes”.

En este sentido recordó que “una de estas operaciones posterior a mi paso por inteligencia, fue en la que amenazaron a Claudia Julieta Duque, la llamaron operación Filtración. Inició en el mes de octubre de 2004. En la carpeta de esta operación está el manual de amenaza contra la periodista y todo el seguimiento que se le hizo. La llamada amenazante se produjo el 17 de Noviembre de 2004. La operación Transmilenio (chuzadas) en la que participé de alguna manera, es distinta a la operación Filtración en la que amenazaron a Claudia Julieta Duque. Tiene nombre diferente, tiene fines diferentes, es en época diferente. Es en un periodo en el que ya yo no estaba en Inteligencia”.

Del mismo modo, Auque De Silvestri relata que “ninguna acción del DAS en esta época coincide con lo denunciado por Claudia Julieta. Todo lo del G3 quedó documentado, hasta la canalla amenaza que le hicieron. Luego dice que estas operaciones que hizo el DAS mientras yo estuve encargado de la Dirección General de Inteligencia le produjeron secuelas sicológicas. En esta época los delitos que se probaron que se hicieron fueron interceptaciones ilegales y seguimientos ilegales. A la periodista no se le hicieron seguimientos en esta época. Además como ella denunciaba lo real e irreal, nunca denunció un seguimiento que tuviera orden de trabajo en este grupo que coincidiera con esa época o con la fecha del posible seguimiento y las interceptaciones, como son secretas, nunca fueron conocidas por nadie”.

Giancarlo Auque De Silvestri anotó que en su proceso no han sido tenidas en cuenta las pruebas solicitadas para demostrar que es ajeno a lo sucedido con la periodista, que debió otorgársele el beneficio de detención domiciliaria y que tampoco debió ser llamado a juicio.

Al respecto manifiesta que “la Fiscal inició el proceso con calificación de amenaza. La acción por el delito de amenaza prescribió. Posteriormente siguieron el proceso con calificación de delito de tortura sicológica con base en un dictamen de medicina legal. Este como tiene una pena mayor, no ha prescrito. Aunque no he atacado en la etapa del juicio este hecho, mi defensa no se fundamenta en si la amenazaron o no, o si le dejaron secuelas sicológicas o no. Solo me parece importante mencionar la situación. En el proceso de tortura sicológica me juzgan por los hechos por los que ya me condenaron. Si usted toma la resolución de acusación del proceso de las chuzadas y lo compara con este, observará que los fundamentos fácticos para acusarme son los mismos”.

Además, “en el proceso de las chuzadas, aparte que se mencionan los hechos que tienen que ver con Claudia Julieta Duque, el Vicefiscal de esa época, me imputó fácticamente operaciones de inteligencia ofensiva. En derecho esto se llama Non Bis Idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Los fiscales de primera y segunda instancia no aceptaron que hubiese Non Bis Idem, citando unas sentencias que se refieren a otros temas o con otras implicaciones distintas a los que ellos citan. Los jueces me la niegan por cuanto afirman que aunque los hechos y los sujetos pudiesen ser los mismos, no me imputaron jurídicamente este nuevo delito. Aunque argumenté y probé que me imputaron los hechos delictivos fácticamente”.

Además de lo anterior, puntualiza, “lo que me hizo tomar la decisión de no comparecer al juicio y que me tiene extremadamente preocupado, es que el Juez en ese momento, en el transcurso de toda su providencia en el que niega la detención domiciliaria, lo hace asumiendo que ya soy culpable. Antes que inicie el juicio que es para juzgarme, para determinar si soy inocente o culpable. Este señor me condenó antes del juicio. Por esta razón, después de 11 años de estar presentándome ante todas las autoridades, todas las veces que me requerían, decidí no entregarme. Defenderé mis derechos hasta el final, aún en las instancias internacionales y jamás aceptaré delitos que no cometí ni inculparé a nadie sin fundamentos para conseguir prerrogativas judiciales. No pido absoluciones sin fundamento. Lo único que pido es que los funcionarios que me acusen, vigilen y juzguen, lo hagan sin sesgo de ninguna especie”.

En el segundo objetivo de las ‘chuzadas’, consistente en el seguimiento a publicaciones en las que se hacían acusaciones infundadas en contra del Estado colombiano que atentaran contra los intereses del país, sostiene que lo que se pudo demostrar fue que las fotografías mediante las cuales se denunció una fosa común con los restos de por lo menos 2.000 personas, en La Macarena, departamento del Meta, realmente correspondían a un hecho real pero sucedido en Srebrenica, Bosnia.